El Tribunal Constitucional tardó mas de siete años en dictaminar en un sesudo y politizado debate jurídico que el expolio del Archivo de Salamanca no suponía un expolio constitucional. Desde el año 2005 en el que nada más aprobarse la Ley que decretó el Gobierno socialista de Zapatero para posibilitar el envío a Cataluña de los fondos integrantes del antiguo Archivo General de la Guerra Civil, ahora Centro Documental de la Memoria histórica, la Junta de Castilla y León interpuso un recurso de inconstitucionalidad.
Llaman la atención hasta cerca del escándalo los considerandos del Constitucional acerca del concepto de Estado, las necesarias copias copias de los miles de documentos enviados a Barcelona, el compromiso de la Autonomía catalana para con los documentos originales que afectan a españoles particulares, y sobre todo su apreciación de alto rango jurídico sobre la función social del archivo y la regla de oro de los archivistas, bibliotecarios y…
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